Jueves, 22 Junio 2017

Observatorio Legislativo

Llamado a la responsabilidad

Published in Opinión

El desacato de la Asamblea se disemina por todo el país produciendo una anarquía insospechable y el conflicto interno dentro de la CSJ con la confrontación entre Salas es un elemento más que perjudica el desarrollo.

Instituto Iberoamericana de Derecho Constitucional
(Publicada el jueves 29, agosto 2013, en Diario El Mundo)

En la columna pasada hicimos  un llamado para detener la vorágine en que nos tiene sumergidos la crisis jurídica institucional exclamando ¡Construyamos¡ para que no se siga destruyendo el país.

Se ha demostrado hasta la saciedad que el problema existente entre  la Corte Suprema de Justicia versus  la Asamblea Legislativa y Presidencia de la República y entre las Salas mismas de la CSJ no es un problema jurídico sino político; pero se pueden alcanzar soluciones jurídicas responsables para hacer cesar ese conflicto interminable que conlleva el mayor desgaste a la imagen e institucionalidad del  país.

De por sí situación muy crítica en cuanto a incertidumbre, corrupción, delincuencia, inseguridad, bajo  crecimiento económico, desincentivación de inversión, falta de competitividad,  disminución de la cosecha del café agravada por la plaga de la roya, altísimo endeudamiento externo, reclamos de bonificaciones sindicales  y si a eso agregamos la sistemática desobediencia del grupo dominante en la Asamblea Legislativa desacatando los fallos judiciales de la Sala de lo Constitucional.

Esta actitud de la Asamblea Legislativa  irradia  una desobediencia  generalizada, ahora trasplantada a una disputa interna entre dicha Sala Constitucional y la Sala de lo Contencioso Administrativa. Lo que nos hace ubicarnos en el peor de los mundos.

No debemos desfallecer,  los magistrados de ambas Salas deben actuar con responsabilidad cívica y jurídica para resolver estos problemas  de matiz jurídico pero políticos en esencia. Hay que aplicar el derecho y el valor justicia  para resolver estos problemas con la mayor responsabilidad haciendo  imperar la armonía, prudencia, cordura y trabajo en equipo dentro del cuerpo colegiado de la Corte Suprema de Justicia.

Y después proceder de inmediato a superar la mora y el retraso administrativo que estas discordias internas han producido, la Corte Plena  y sus Salas deben dedicarse  a resolver los casos legales dentro de sus propias competencias y transmitir una  pronta y eficaz   justicia para toda la Administración de Justicia. El desacato de la Asamblea Legislativa se disemina por todo el país produciendo una anarquía  insospechable; y el conflicto interno dentro de la CSJ con  la confrontación entre Salas es un elemento más que  perjudica el desarrollo  económico y la cooperación internacional por la inseguridad jurídica que representa.

Responsabilidad que deben asumir también los funcionarios del Órgano Ejecutivo cuyo mandato está por terminar y sin salir del atolladero en que nos encontramos en materia económica. Se vio una luz cuando la Presidencia de la República propuso un paquete de proyectos de leyes de inversión y entre ellas estaba la Ley del Asocio Público Privado mejor conocida como la Ley APP como instrumento de desarrollo económico  y aparentemente  relacionada a la cooperación internacional del Fomilenio II, en riesgo de perderse ya que ha sido vinculada a tener una buena ley de asocio.

Lamentablemente el proyecto preparado y revisado con técnica jurídica fue rechazado por el bloque dominante del partido oficial en la Asamblea Legislativa cercenándolo, provocando  un grave daño al país, así como fue la actuación de la Presidencia de la República al no vetar.  Actualmente se discuten  reformas que debiera tener esa ley y que se encontraban en el proyecto original.

Esperamos que estas nuevas reformas, ya presentadas, sean discutidas con responsabilidad en el seno legislativo y de igual manera aprobadas; entre ellas debe destacarse que la ley sea contundente y que traiga beneficios, concediéndole institucionalidad devolviéndole el liderazgo a Proesa, única autoridad que posee experticia acumulada por más de una década, que la autorización concedida por la Asamblea Legislativa se haga con sentido de responsabilidad  y concientización  por tratarse de un proyecto nacional en donde Legislativo, Ejecutivo y sector privado deben cooperar en este instrumento de desarrollo económico,  darle transparencia a la ley, establecer el arbitraje como verdadera  solución alterna de conflictos, adecuando también el techo fiscal para aprovechar los cambios estratégicos en la ley  y que se decreten a corto plazo (Art. 131 No. 5 Cn.)  y posteriormente con la misma responsabilidad sean sancionadas  y ordenada su publicación por el  señor Presidente de la República. (Art. 135 Cn.)

Aunque no se han aprobado las otras leyes de inversión propuestas por Capres, dudamos que puedan darse durante este período de propaganda electoral anticipada y porque el mandato presidencial está por terminar; pero por lo menos con esta ayuda internacional del Fomilenio segunda etapa, se pueda desarrollar la zona costera haciendo realidad muchos beneficios para  las comunidades que habitan esas zonas asoladas por  el desempleo y por intoxicaciones con graves daños a la salud debiéndose adoptar medidas emergentes para evitar la mortandad por daño renal y que las causas sean abordadas con alta responsabilidad médica.

Advertimos que si las reformas legales a la Ley APP no se aprueban responsablemente, no habrá inversión privada. Y el Asocio será un fiasco.

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